Ese cambio detuvo la aprobación del plan parcial, y desde entonces las otras dos administraciones implicadas han presionado a Fomento con la idea de que hay pastel para todos, y con el fenomenal argumento de que la operación de reforma de la zona (y la creación de viales e infraestructuras de servicio que están en sus competencias) no debe costarles un euro. "Defensa de lo público", llegan a decir desde el consistorio y el gobierno regional.

Cuatro líneas como el Córdoba-Málaga

Se acercan, sin embargo las elecciones, y por alguna extraña razón los responsables de los tres niveles administrativos consideran una buena baza electoral sacar a un mercado saturado y sobrevalorado casi dos millones de metros cuadrados. Y calientan ya el ambiente con vistas a un acuerdo. Poco importa, no ya en el Ayuntamiento y la Comunidad, sino también en Fomento, la reforma de la estación de Madrid-Chamartin y la mejora del sistema ferroviario español.

Poco importan las necesidades de los nuevos tráficos ferroviarios que se generarán a partir de la apertura de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Valladolid (prevista para el invierno de 2007-2008) o las del resto de la red en manos del administrador de infraestructuras. Lo que importan son los 7.000 millones de euros que van a ingresar los cuatro grandes actores del proceso y el resto de titulares.

Para que se hagan una idea, esto supone más de cinco veces el coste total de la construcción del túnel bitubo de la Sierra de Guadarrama, más de cuatro veces que lo que se ha invertido en la construcción de la LAV Córdoba-Málaga o el doble de lo invertido en la reforma de la M-30. ¿Defensa de lo público? ¿Política de vivienda?