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El Ministerio de Fomento reveló la semana pasada, aunque de forma indirecta, cuáles son sus planes para los servicios ferroviarios de transporte de viajeros que se van a excluir de la regla general -su liberalización total a partir de julio de 2013- y que son aquellos que por sus características son deficitarios por definición: Regionales y Cercanías. Conforme al plan detallado por el gobierno de España, la gran mayoría de ellos -los que sobrevivan al recorte que se prepara- pasará a prestarse por una o varias empresas concesionarias.

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El Consejo de Ministros ha acordado en su reunión de hoy nombrar a Antonio Aguilar Mediavilla como nuevo presidente de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), en sustitución de Marcelino Oreja Arburua. La sustitución se produce antes de que se cumplan nueve meses desde el nombramiento de Oreja. A la hora de elaborar esta información el departamento ministerial del que depende la empresa ferroviaria no había informado aún de esta decisión ni detallaba sus motivos, y de hecho mantenía aún a Oreja en el apartado de "Altos Cargos" de su página web.

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El Consejo de Ministros dio el pasado 20 de julio, mediante el Real Decreto-ley 22/2012, el primer paso para la eliminación de Renfe como operadora global que presta servicios de viajeros de todo tipo, desde cercanías a alta velocidad, y el establecimiento de un marco legal que permita la privatización de varias de sus unidades de negocio y que deje espacio para la necesaria liberalización del sector.

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Tras el intento fallido del Consejo de Ministros del pasado viernes por aprobar un paquete más o menos integral en lo relativo al sistema español de transporte, se han disparado las especulaciones acerca de qué puede tener el Gobierno sobre la mesa y, sobre todo, cómo puede afectar esto al sistema ferroviario.

Tratando de desentrañar por dónde pueden ir los tiros, hay que tener en mente una premisa básica: la situación de emergencia que supone para la Administración General del Estado la imposibilidad de financiarse a voluntad en el mercado internacional de deuda puede hacer que el gabinete de Mariano Rajoy y Ana Pastor se atreva a cruzar varias líneas consideradas hasta ahora como infranqueables, arriesgándose no sólo a perder su crédito electoral, sino también a desestabilizar de forma grave el sector del ferrocarril español.

Mientras esperamos a que llegue el siguiente viernes de reformas, conviene que hagamos un repaso no demasiado exhaustivo a las medidas más plausibles de todas las que podrían haberse aceptado desde Castellana 67 como parte de este intento desesperado por hacer que las palabras ajuste, austeridad y eficiencia se lean bien junto a las pantallas de negociación.

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