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Domingo, 24 Febrero 2013 13:49

El Gobierno se reserva el derecho de admisión en las líneas rentables y blinda a Renfe

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Liberalización 'Spanish-style': el Gobierno liberaliza-pero-menos la alta velocidad para intentar espolear a la vaca lechera Liberalización 'Spanish-style': el Gobierno liberaliza-pero-menos la alta velocidad para intentar espolear a la vaca lechera Ministerio de Fomento en Flickr. cc-by-nc-sa

El Gobierno de España esbozó el pasado viernes el diseño que ha preparado para los servicios de transporte ferroviario de viajeros en régimen de competencia, que se corresponden en lo esencial con el mapa actual de rutas de alta velocidad, y que prevé limitar el número de competidores para cada línea y el reparto de los escasos "títulos habilitantes" mediante un concurso público en el que Renfe ni siquiera tendrá que participar para ganar.

Este diseño, que anticipa algunas similitudes con el modelo de liberalización británico, pero reteniendo al mismo tiempo el papel de la monopolista Renfe, se ha colado por la puerta de atrás de un Real Decreto-Ley denominado como "de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo", conforme a una práctica autoritaria que es lamentablemente habitual en el sistema legislativo español.

Su texto fue publicado el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado y entró en vigor sólo un día despúes. En esta "ley del viernes", el Gobierno ha multiplicado por varias veces la longitud del contenido de la que era, hasta ahora, la piedra de toque de la no-apertura del sector ferroviario: la disposición transitoria tercera de la Ley del Sector Ferroviario.

Refiriéndose a los servicios que no sean "de interés público" el Gobierno anticipa que el acceso para los nuevos operadores (...) se llevará a cabo a través de la obtención de títulos habilitantes". Y añade que "el Consejo de Ministros determinará el número de títulos habilitantes a otorgar para cada línea o conjunto de líneas en las que se prestará el servicio en régimen de concurrencia, así como el período de vigencia de dichos títulos habilitantes".

En pocas palabras, y pese a la obvia contradicción en los términos, el Gobierno señala que será él quien decida quién puede operar en régimen de "competencia" y quién no. Detalla además que esa decisión se tomará tras un proceso de licitación (recordatorio claro del modelo británico), y blinda a la operadora pública al señalar que "Renfe dispondrá de un título habilitante para operar los servicios en todo el territorio sin necesidad de acudir al proceso de licitación".

A modo de resumen, e integrando esta norma con el desarrollo de los últimos meses, el marco del sector ferroviario quedará fijado de la siguiente manera por lo que respecta al transporte de viajeros: por un lado, los servicios de interés público, que son por definición deficitarios y se corresponden fundamentalmente con los deficitarios -cercanías y regionales-, se prestarán en régimen de concesión (por Renfe u otra operadora cualquiera).

Por otro lado, el "resto" de servicios (numéricamente son muchos menos que los deficitarios), y que se corresponden casi exactamente con el mapa de rutas de alta velocidad rentables, se prestarán por Renfe y aquellas operadoras que el Ejecutivo decida, creando un régimen insólito en Europa y que entra en rumbo de colisión con las exigencias de la legislación ferroviaria europea y, especialmente, con el cuarto paquete ferroviario, actualmente en tramitación.

También contradice abiertamente la posición sugerida por la Comisión Nacional de la Competencia, que el pasado verano señalaba que la liberalización real del sector debería pasar no sólo por la entrada de capital privado en cada una de las cuatro sociedades mercantiles en las que Renfe se va a dividir sino, especialmente, por la eliminación de Renfe como paraguas institucional. 

En el real decreto-ley publicado durante el fin de semana, el Gobiero aprovecha además para realizar algunos retoques normativos, con las siguientes previsiones.

-Se crea un mercado de trenes turísticos completamente liberalizado, sin más previsiones que su futura regulación mediante orden ministerial, a partir del 31 de julio próximo.

-Se da cumplimiento pacial a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba la definición de Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) dada en su día por la LSF, prometiendo que en breve se sacará "un catálogo" y añadiendo en el anexo un listado en el que se detallan las líneas que forman parte de ella, como cobertura legal hasta que salga el citado catálogo. Se trata de una modificación de técnica jurídica, sin repercusiones reales para el sector.

-Se transmite toda la red de titularidad del Estado (no confundir con la RFIG) a la empresa pública Adif, como paso previo para que la entidad pueda proceder a la venta de inmuebles en desuso y algunos terrenos con los que financiar siquiera una diminuta parte de su deuda, que asciende a unos 15.000 millones de euros.

-Se da cobertura legal operativa a las futuras cuatro sociedades mercantiles en las que se va a dividir Renfe (que serán empresas públicas de derecho privado), de manera que puedan seguir prestando servicios tras su división-conversión, sin problemas de adjudicación de capacidad y de titularidad de licencia ferroviaria, entre otros.

  

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