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El pasado 3 de noviembre se cumplieron 20 años desde la aprobación en Reino Unido de la Railways Act, disposición normativa que pretendía revolucionar un negocio que ya entonces contaba con más de 150 años de antigüedad y hacerlo, precisamente, en el país que lo vio nacer. Las dos décadas permiten realizar un balance sobradamente sosegado de las luces y sombras de un modelo que es tomado a menudo como referencia, y que es casi siempre desconocido.

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Apenas unas horas antes de que la ministra de Fomento, Ana Pastor, presenciase en Múnich la firma de un acuerdo entre Renfe y Deutsche Bahn que parece ser el primer paso público para la formalización de la venta del área de mercancías de la empresa pública española a la alemana, SNCF le ha dado la vuelta a la tortilla y ha confirmado que entrará en el mercado español de la mano de Comsa Rail Transport.

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El Gobierno de España esbozó el pasado viernes el diseño que ha preparado para los servicios de transporte ferroviario de viajeros en régimen de competencia, que se corresponden en lo esencial con el mapa actual de rutas de alta velocidad, y que prevé limitar el número de competidores para cada línea y el reparto de los escasos "títulos habilitantes" mediante un concurso público en el que Renfe ni siquiera tendrá que participar para ganar.

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Visto en Nueva Tribuna:

"Como lo leen, el eje ferroviario francoalemán se ha pasado por la entrepierna el núcleo del experimento liberalizador. La argucia que han utilizado es la comentada separación contable citada de la Directiva 440/91, mientras que por aquí nos hemos afanado en ser más liberales y más europeos que los que mandan en la Unión Europea".

 

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El Ministerio de Fomento reveló la semana pasada, aunque de forma indirecta, cuáles son sus planes para los servicios ferroviarios de transporte de viajeros que se van a excluir de la regla general -su liberalización total a partir de julio de 2013- y que son aquellos que por sus características son deficitarios por definición: Regionales y Cercanías. Conforme al plan detallado por el gobierno de España, la gran mayoría de ellos -los que sobrevivan al recorte que se prepara- pasará a prestarse por una o varias empresas concesionarias.

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El presidente de Renfe, Julio Gómez-Pomar, anunció la semana pasada que cederá 26 de los trenes de alta velocidad del extenso parque con el que cuenta la empresa pública que dirige a otras operadoras, para permitir la apertura parcial del mercado del transporte de viajeros por ferrocarril en España. La medida implicará la transferencia de material cuyo precio total de compra osciló entre 340 y 650 millones de euros, dependiendo de qué serie o series de trenes se decida traspasar.

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El Consejo de Ministros ha acordado en su reunión de hoy nombrar a Antonio Aguilar Mediavilla como nuevo presidente de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), en sustitución de Marcelino Oreja Arburua. La sustitución se produce antes de que se cumplan nueve meses desde el nombramiento de Oreja. A la hora de elaborar esta información el departamento ministerial del que depende la empresa ferroviaria no había informado aún de esta decisión ni detallaba sus motivos, y de hecho mantenía aún a Oreja en el apartado de "Altos Cargos" de su página web.

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La Comisión Nacional de la Competencia critica con dureza, en un documento de toma de posición emitido por iniciativa propia, la forma, el alcance y el contenido del decretito de reforma del sector ferroviario aprobado por el Gobierno de España el pasado 20 de julio. El organismo público se despacha en sólo seis páginas (la norma que revisa tiene apenas cuatro) argumentando en contra de la forma, el alcance y, especialmente, del contenido de la reforma, y pide sin ambages a Fomento que elimine Renfe y que renuncie a controlar a sus sucesoras.

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El Consejo de Ministros dio el pasado 20 de julio, mediante el Real Decreto-ley 22/2012, el primer paso para la eliminación de Renfe como operadora global que presta servicios de viajeros de todo tipo, desde cercanías a alta velocidad, y el establecimiento de un marco legal que permita la privatización de varias de sus unidades de negocio y que deje espacio para la necesaria liberalización del sector.

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Cuando se cumplen cinco meses desde su tardío nombramiento, el presidente de Renfe, Julio Gómez-Pomar, ha intervenido hoy en Madrid en un desayuno informativo durante el cual ha actuado una vez más como portavoz autorizado del Ministerio de Fomento y ha repasado con profundidad variable todo tipo de cuestiones, algunas de las cuales sobrepasan el marco de Renfe y se refieren directamente al proceso de liberalización del sector ferroviario.

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